Procédures
147 votesDécharge 2023: Agences
Évaluer tous les cinq ans les agences européennes et envisager des fusions pour optimiser les coûts et éviter les doublons.
Décharge 2023: Budget général de l'UE - Parquet européen
Increase EPPO funding to combat organised crime and protect EU financial interests, especially concerning Recovery and Resilience Plans implementation.
Décharge 2023: Budget général de l'UE - Parquet européen
Increase EPPO funding to combat organised crime and protect EU financial interests, especially concerning Recovery and Resilience Plans implementation.
Décharge 2023: Budget général de l'UE - Service européen pour l'action extérieure
Augmenter le budget pour la politique étrangère et de sécurité commune afin de répondre aux crises et contrer la désinformation.
Décharge 2023: Budget général de l'UE - Contrôleur européen de la protection des données
Approuver la gestion budgétaire 2023 du Contrôleur européen de la protection des données, tout en soulignant les défis liés à la charge de travail et à la protection des données.
Explications de vote
Explications de vote soumises après les sessions plénières.
Rapport 2024 de la Commission sur l’état de droit
Me he abstenido en el voto final del informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en 2024 porque contiene una crítica explícita e injustificada a las leyes de amnistía y a los procedimientos de indulto. Esta afirmación desconoce que tanto las amnistías como los indultos son mecanismos plenamente legales y reconocidos en los ordenamientos jurídicos democráticos, incluido el español. Además, el Tribunal Constitucional ha avalado su constitucionalidad, siempre que respeten los principios de proporcionalidad, legalidad y finalidad legítima. Históricamente, estas herramientas han sido clave para resolver conflictos, pacificar situaciones de tensión institucional y corregir desigualdades derivadas de persecuciones políticas o judiciales injustas. Cuestionarlas de forma genérica, como hace el informe, sin analizar su contexto específico, contribuye a estigmatizar soluciones legítimas que permiten avanzar en la convivencia y el respeto de los derechos fundamentales. La crítica del informe ignora también que la Unión Europea no tiene competencia para juzgar el uso de estos instrumentos por parte de los Estados miembros, siempre que se respeten el Estado de Derecho y los valores fundamentales comunes. En lugar de rechazar herramientas democráticas de reconciliación, deberíamos defender su uso cuando buscan reparar injusticias, poner fin a ciclos de represión y promover una paz duradera basada en el diálogo y la legalidad.
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