Procédures
29 votesMise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune – rapport annuel 2024
Accélérer le soutien militaire et économique à l'Ukraine et maintenir les sanctions contre la Russie pour garantir une paix durable.
Orientations pour le budget 2026 – Section III
Financer la sécurité, la défense, la recherche, les PME, la santé, l'énergie et les frontières dans le budget 2026.
Résolution sur le livre blanc sur l’avenir de la défense européenne
Financer la production et l'acquisition conjointe de drones et de systèmes anti-drones pour renforcer la défense européenne.
Vérification des pouvoirs
Valider les mandats des eurodéputés ayant transmis les déclarations obligatoires, sous réserve de décisions nationales sur les litiges électoraux.
Recommandation du Conseil sur les environnements sans fumée et sans aérosols
Explications de vote
Explications de vote soumises après les sessions plénières.
Rapport 2024 de la Commission sur l’état de droit
Me he abstenido en el voto final del informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en 2024 porque contiene una crítica explícita e injustificada a las leyes de amnistía y a los procedimientos de indulto. Esta afirmación desconoce que tanto las amnistías como los indultos son mecanismos plenamente legales y reconocidos en los ordenamientos jurídicos democráticos, incluido el español. Además, el Tribunal Constitucional ha avalado su constitucionalidad, siempre que respeten los principios de proporcionalidad, legalidad y finalidad legítima. Históricamente, estas herramientas han sido clave para resolver conflictos, pacificar situaciones de tensión institucional y corregir desigualdades derivadas de persecuciones políticas o judiciales injustas. Cuestionarlas de forma genérica, como hace el informe, sin analizar su contexto específico, contribuye a estigmatizar soluciones legítimas que permiten avanzar en la convivencia y el respeto de los derechos fundamentales. La crítica del informe ignora también que la Unión Europea no tiene competencia para juzgar el uso de estos instrumentos por parte de los Estados miembros, siempre que se respeten el Estado de Derecho y los valores fundamentales comunes. En lugar de rechazar herramientas democráticas de reconciliación, deberíamos defender su uso cuando buscan reparar injusticias, poner fin a ciclos de represión y promover una paz duradera basada en el diálogo y la legalidad.
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