Procédures
29 votesDélibérations de la commission des pétitions en 2024
Améliorer le traitement des pétitions en modernisant les outils numériques et en explorant l'intelligence artificielle.
Motion de censure visant la Commission
Résolution sur la situation en Colombie après la vague d'attentats terroristes récents
Financer le processus de paix en Colombie et enquêter sur les crimes transnationaux pour contrer le terrorisme et protéger les droits humains.
L'avenir de l'agriculture et la politique agricole commune après 2027
Financer la PAC post-2027 avec un budget spécifique et indexé sur l'inflation pour garantir la sécurité alimentaire et la souveraineté européenne.
Délibérations de la commission des pétitions en 2023
Mener une campagne d'information sur le droit de pétition auprès des citoyens européens, en ciblant les populations rurales et marginalisées.
Explications de vote
Explications de vote soumises après les sessions plénières.
Rapport 2024 de la Commission sur l’état de droit
Valoramos positivamente que el texto reconozca avances relevantes en materia de Estado de Derecho. Celebramos, especialmente, el reconocimiento del derecho a la unión de personas del mismo género en el conjunto de la Unión Europea, lo que refuerza los principios de igualdad y no discriminación. Asimismo, es importante que el informe aborde la independencia de los medios de comunicación como elemento esencial en una democracia. Sin embargo, consideramos que se debe ir más allá: es fundamental garantizar la independencia real del poder judicial, reforzar los mecanismos de vigilancia y lucha contra la corrupción y denunciar, con claridad, prácticas como el control de los medios públicos por parte de los Gobiernos o la infiltración de policías en movimientos sociales. Nos hemos abstenido porque el informe contiene, además, una crítica genérica e injustificada a las leyes de amnistía y los procedimientos de indulto. Se trata de instrumentos plenamente legales en los sistemas democráticos, avalados por el ordenamiento jurídico español y por su Tribunal Constitucional, siempre que respeten los principios de legalidad y proporcionalidad. Cuestionarlos sin atender a su contexto concreto contribuye a estigmatizar herramientas que, en muchos casos, han permitido resolver conflictos y avanzar en la protección de derechos y libertades fundamentales.
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